Al filo de la medianoche del 26 de abril de 2014 una comisión del SEBIN allana el apartamento de la familia González ubicado en las Residencias Siglo XXI, un modesto conjunto de pequeños edificios ubicados en la parte alta de Macaracuay, justo en la curva donde la vía dobla hacia La Guairita. Rodolfo González, que entonces contaba 62 años de edad, fue detenido. El “procedimiento” culminó aproximadamente a la 1 de la madrugada. Vecinos y familiares se dirigieron entonces, en la oscura madrugada, a la sede del SEBIN en el Helicoide, a solicitar información.
Increíblemente, a las 3am funcionarios de ese cuerpo se acercaron al grupo no para dar información, sino para llevarse detenida a Josefa de González, esposa de Rodolfo, de 66 anos de edad. La señora Josefa fue posteriormente liberada, sujeta a presentación ante un tribunal cada 30 días. Así lo reseñó el diario El Universal en su edición electrónica del domingo 27 de abril del 2014. Pero nadie sabía entonces que el señor Rodolfo González amanecería muerto, 11 meses después, en un calabozo de ese mismo recinto.
Todo este procedimiento que terminó costando la vida de un venezolano, padre de familia, trabajador, se basó en el testimonio anónimo de un delator, llamado ahora por la jerga oficial “patriota cooperante”. Según el diario El Nacional en su edición de ayer sábado 14 de marzo del 2015, así lo denunció el abogado de González, Dionel Mendoza, quien explicó que “la prueba hasta ahora anunciada por el gobierno y que jamás se ha promovido es la del patriota cooperante que supuestamente dijo que el señor Rodolfo tenía un aparataje montado, que recibía dinero de otro país, pero en ningún momento ese patriota cooperante se promovió como prueba…”
Once meses pasó Rodolfo González privado de libertad, por una denuncia anónima sobre la cual el gobierno armó un discurso político: González fue acusado de ser “articulador logístico” de las llamadas “guarimbas” y de “recibir dinero del extranjero”. Fue acusado, pero jamás le probaron nada. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su articulo 49, aparte 2, establece que “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. Probar la culpabilidad es materia de un juicio que llegue a sentencia firme, y la misma Constitución en su artículo 44 establece el derecho de los venezolanos a ser juzgados en libertad.
Todos esos derechos le fueron negadas a Rodolfo González quien, según el consternado testimonio de sus hijas en la primera plana del diario 2001 de ayer sábado 14, fue objeto durante todo su cautiverio de lo que denominaron “una feroz guerra psicológica” que, cuando es perpetrada por funcionarios contra un preso, es sencillamente una forma de tortura.
Un gobierno que se alarma, se exalta y desmelena porque le quiten la visa a unos funcionarios, no parece preocuparse porque un preso político bajo su custodia en vez de perder la visa pierda la vida. Debiera hacerlo. Si no por razones éticas, humanitarias, morales, debiera hacerlo en virtud de su propia conveniencia. Como hizo el Cardenal Jorge Urosa, también la Mesa de Unidad Democrática ha dicho con firmeza, ante la Orden Ejecutiva del presidente norteamericano Barack Obama que considera a Venezuela “una amenaza” para la seguridad nacional estadounidense, que Venezuela (la nación venezolana, el pueblo venezolano) no es una amenaza para ningún país del mundo. Con la misma firmeza la MUD ha dicho también que quien constituye una amenaza para los propios ciudadanos venezolanos es este gobierno. La dolorosa muerte de Rodolfo González así lo ratifica. Que sus once meses de cautiverio transformados en martirio y terminados en holocausto, sean responsabilidad precisamente de uno de los funcionarios sancionados, es cualquier cosa menos una coincidencia.
A algunos repugna el hecho de que el gobierno de un país asuma la potestad unilateral de sancionar a los funcionarios de otro gobierno, de otro país. Lo entendemos, e incluso podríamos compartir las razones de esa actitud. Pero quienes así piensan deben entender que existe algo que repugna aun más, porque es la causa eficiente de esta indeseada situación, en la que el nombre de Venezuela es asociado global e injustamente con la palabra “amenaza”. Ese algo es el desprecio del gobierno de Maduro por la legalidad, tanto nacional como internacional.
En efecto, el gobierno de Nicolás Maduro ignoró las exigencias, exhortaciones y recomendaciones preventivas de las distintas instancias internacionales, las mismas que precisamente son las que salvaguardan, en plan de igualdad ante la ley, la convivencia de las naciones. Si el gobierno de Nicolás Maduro hubiera acatado las resoluciones del Comité de la ONU contra la Tortura sobre Venezuela no estaríamos en esta situación. Si el gobierno de Maduro hubiera acatado las resoluciones del Comité de la ONU Contra las Detenciones Arbitrarias no estaríamos hoy frente a este drama. Si el gobierno de Maduro en vez de salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hubiera acatado sus disposiciones, hoy no sólo no habría funcionarios venezolanos sancionados, sino que estaría pasando algo mucho mas importante: ¡Hoy Rodolfo González estaría vivo, más de un centenar de venezolanos estarían con sus familias en vez de estar en condición de presos políticos, y miles de estudiantes y otros jóvenes venezolanos estarían en libertad plena, sin la amenaza de juicios descabellados que sólo procuran coaccionarlos y amedrentarlos!
Después de amenazar a los venezolanos con su “puño de hierro”, Maduro ahora ofrece a Obama una “mano tendida”, según la primera plana del periódico pro-gubernamental “Ultimas Noticias” en su edición de ayer sábado 14 de marzo. El contraste entre las dos retóricas desnuda la ruina moral de un régimen prepotente y grosero ante su propio pueblo, y obsecuente ante los poderosos. Prueba de ello es que hoy domingo 15, mientras el pueblo caraqueño estará dando en el Cementerio del Este el último adiós al señor Rodolfo González, de acuerdo a lo anunciado en la primera plana del diario La Voz de ayer sábado el oficialismo estará en la Asamblea Nacional aprobando una Ley Habilitante supuestamente “anti imperialista”, que en vez de estar dirigida contra ningún imperio en realidad estará orientada a reprimir aun mas a las fuerzas sociales y a la disidencia política.
Toca seguir luchando, sin descanso, convirtiendo el dolor y la rabia en energía de cambio. La única solución real a este drama es derrotar al régimen y lograr que Venezuela tenga un gobierno respetuoso de los Derechos Humanos, que cumpla nuestra Constitución y los tratados y acuerdos internacionales válidamente suscritos por la Republica. Y eso lo lograremos mediante procedimientos claramente democráticos, constitucionales, electorales y pacíficos, porque el régimen monopoliza la violencia, pero se quedó sin pueblo. Como escribió la hija de Rodolfo, Lissette González, @LissetteCGA en la red social twitter, “Mi papá no es el primer muerto en una cárcel venezolana. Tantos mueren cada año en riñas o motines. Casi nunca sus nombre son noticia… Yo no pierdo la esperanza de construir un país mejor para nuestros hijos. No desmayemos, la tarea es nuestra”. Así es, Lissette. Te reiteramos públicamente la palabra de solidaridad y pésame que el viernes tempranito te dimos en privado. ¡Palante!
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