LOS ASESINOS DE LA ENFERMERA TAMBIEN MATAN BEBÉS...

 

En Mayo de 2010 una enfermera de la Maternidad Concepción Palacios fue insultada, acosada y físicamente agredida por varios sujetos. Todo eso ocurrió en pleno pasillo de la planta baja de ese centro asistencial, en presencia de decenas de testigos, trabajadores y trabajadoras, que también fueron agredidos o amenazados. Los autores de la salvajada (hombres altos, fornidos, implacables) no se conformaron con lanzar al suelo a la mujer, sino que la halaron por los cabellos y la arrastraron por el piso sin misericordia alguna, y a rastras la sacaron del centro de salud hasta que en la calle la metieron en un vehículo, que luego emprendió veloz carrera.

Esa enfermera se llama Laura Vaamonde, para la fecha secretaria ejecutiva del Sindicato de Hospitales y Clínicas, y los perpetradores de la agresión eran efectivos de un cuerpo policial. Laura, en su condición de representante de los trabajadores, lideraba una protesta que exigía la cancelación de obligaciones contractuales, denunciaba el deterioro de las instalaciones y reclamaba más seguridad para sus compañeros de trabajo, expuestos a constantes agresiones del hampa. Laura fue hecha presa, le prohibieron el acceso a la Maternidad Concepción Palacios y la jubilaron de manera irregular. El gobierno continuó ignorando los reclamos de enfermeras, médicos y pacientes. El maltrato laboral, el deterioro de la infraestructura y la inseguridad continuaron.
 

Es en ese marco de violencia institucional, violencia policial y violencia hamponil en que se produce una nueva y brutal agresión el pasado 12 de agosto de 2013, agresión que esta vez ocasionó la muerte de Milagros Franco, enfermera, madre de tres hijos, dos de ellos discapacitados. Estemos claros: Milagros no fue asesinada “por casualidad”, “por accidente”, “porque tuvo mala suerte” o, como suele decir la gente ante la fatalidad de la muerte, “porque le tocaba”. Milagros fue asesinada porque trabajaba sin protección en un sitio de alto riesgo, un lugar en el que cuando los trabajadores reclaman seguridad y trato digno reciben agresiones como aquella de que fue objeto Laura Vaamonde.
 

A Milagros no la mataron sólo las dos jóvenes mujeres que (presumiblemente bajo los efectos de sustancias alucinógenas) la molieron a golpes y le clavaron una aguja en el pecho. Ellas fueron (“presuntamente”) solo las autoras materiales del crimen. A Milagros la mataron también todos los que la obligaron a trabajar en esas condiciones indignas e inseguras. Las presuntas asesinas de Milagros tenían más de mes y medio a la espera de ser ligadas, es decir, tenían 45 días merodeando por el centro asistencial y molestando a las enfermeras y demás trabajadores, porque la sencilla operación que debían realizarse era retrasada constantemente por motivos diversos. Una vez agredida, Milagros pasó días agonizando en un servicio de terapia intensiva que, según sus compañeras de trabajo, no reunía las condiciones ni los equipos necesarios para salvarle la vida.

La Maternidad Concepción Palacios fue durante décadas un centro de referencia nacional e internacional. Allí estaban los mejores equipos y los más calificados especialistas. Cuando en la Caracas de hace 30 años se presentaba una emergencia en un parto complicado en el quirófano de cualquiera de las clínicas más prestigiosas y costosas de la capital, la paciente era colocada en una ambulancia y llevada a la MCP, en la certeza de que allí recibiría las atenciones y cuidados necesarios para salvar la vida de la madre y de la criatura. Para entonces, la Maternidad que lleva el nombre de la madre del Libertador era un hospital MUNICIPAL, dependiente del Concejo Municipal del entonces Distrito Federal.

A pesar de la que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece y manda que el sistema de salud de nuestro país debe ser DESCENTRALIZADO, durante los últimos 14 años se ha producido una RECENTRALIZACIÓN del sistema público asistencial. Esta dinámica no solo es inconstitucional, sino que además ha atentado contra la calidad del servicio. Cuando dependían de gobernaciones y municipios los hospitales enfrentaban problemas laborales y de dotación, claro está, pero funcionaban, y muchos incluso funcionaban muy bien, como era el caso de la Maternidad Concepción Palacios. Esos mismos hospitales, ahora dependientes del Gobierno Nacional, no solo están colapsados por deficiencias en infraestructura, por falta de insumos o escasez de personal, sino que son escenarios frecuentes de atracos como el que recientemente ocurrió en el Hospital Vargas, o de homicidios como el que acaba de ser perpetrado en la Maternidad.

De sus 51 años de edad, Milagros Franco pasó 25 ejerciendo la enfermería. Dicho de otra manera, de cada dos segundos de su vida, uno fue dedicado a servir a los demás. A pesar de ello, en vez de tener la existencia segura, tranquila y agradable que un servidor público de tanto mérito merece, Milagros se veía obligada por la realidad económica a luchar duramente para mantener a sus tres hijos, dos de ellos con requerimientos especiales, viajando diariamente desde los Valles del Tuy hasta su sitio de trabajo. Y allí, en su sitio de trabajo, en vez de respeto, seguridad y gratificación, encontró una muerte atroz, injusta, violenta.
 

Que nadie se engañe. Las dos mujeres que agredieron a esta dama no son las únicas culpables. Quizá alguien versado en leyes podría afirmar que “autores intelectuales” o “cooperadores necesarios del crimen” podría denominarse a quienes contribuyeron a que existieran las terribles condiciones que hicieron posible el abominable delito. Los mismos que según el Dr. Jesús Méndez Quijada, médico venezolano que durante décadas trabajo en la Maternidad, son los responsables de que ese centro asistencial tenga 56 meses sin terapia intensiva neonatal, los mismos culpables de que (según cifras dadas por este mismo galeno) en nuestro país cada 90 minutos fallece un bebé por causas vinculadas a una atención deficiente.

Ese es el país que hay que cambiar. Lo demás (que si la Habilitante, que si más poderes para quien no sabe que hacer con los que ya tiene, que si la "lucha anticorrupción" encabezada por los más corruptos...)  es pura politiquería y cuento.  Los pobres lo sabemos, porque lo estamos pagando con sangre.

¡Palante!