En el oficialismo las diferencias son de tan profunda gravedad que mantienen al país al borde del desastre. En primer lugar destaca la fractura afectiva, el inmenso abismo emocional que separa lo que alguna vez fue el pueblo chavista de quienes integran la nomenclatura gobiernera: Ni Maduro, ni Jaua, ni Cabello, ni Arreaza, ni ninguno de los que componen cualquiera de los grupos que integran el archipiélago post-chavista tienen votos propios para ganar una junta de condominio, un sindicato o un centro de estudiantes. Sin el dinero del petro-estado y sin la cada vez más desvaída sombra del líder difunto, todos ellos serían unos indigentes políticos. La comprensión de esa realidad los llevó, desde tiempos inmediatamente anteriores a la muerte de Chávez, a posponer disputas no para proteger “el legado”, sino para salvaguardar su propia sobrevivencia.
FRACASO DISPARA LA COMPETENCIA ENTRE BUITRES
Pero el colapso económico causado por la corrupción y la ineficiencia disparó la demanda social, y esta a su vez se expresó en protesta ciudadana que terminó poniendo al descubierto la escasísima gobernabilidad política. Ante este escenario de crisis agravada, que es justamente el que vivimos de febrero a esta parte, volvieron a aflorar las diferencias entre los diversos grupos que componen (o descomponen) el establecimiento oficialista. Primero fue para determinar quien ocupaba mayores espacios en el nuevo mapa del poder, tras la muerte de Chávez; ahora se trata de cómo queda parado cada quien, de acuerdo al tipo de desenlace que tenga la presente crisis venezolana, sin duda la más grave que vive el país desde la muerte de Juan Vicente Gómez.
Porque, por cierto, no es lo mismo ni da igual: Para lograr una solución política a la crisis, es decir, una clara victoria político-electoral en cualquier escenario futuro, el oficialismo tendría que reconquistar a su base social, cada vez más escéptica y asqueada. Para ello le sería indispensable al menos denunciar, detener y procesar a los testaferros y beneficiarios reales de las empresas fantasmas que saquearon 25 mil millones de dólares en CADIVI, así como a los funcionarios que permitieron que tal saqueo fuera posible. Todas las encuestas, incluyendo las encargadas y pagadas por el gobierno, revelan que las tesis de la “guerra económica” y la “inflación inducida” no han sido compradas por el público. Porcentajes que oscilan entre el 70 y el 80% de la población responsabilizan al oficialismo de ser causante del malestar, tanto por lo que hacen (sus políticas equivocadas) como por lo que dejan de hacer (la introducción de cambios reales en la situación). Demostrado por la vida y por los números que es nula la capacidad de convencimiento de la “ofensiva económica”, del “gobierno de calle” y demás pantomimas oficiales, para el oficialismo lograr reconfigurar victoriosamente el cuadro político implicaría el uso de cirugía mayor: amputar y exponer su parte más delictuosa, para recuperar la credibilidad de lo quede. Claro, ese sería el camino si y solo si la ruta a transitar por el oficialismo para su reposicionamiento fuera la política. Pero lamentablemente para ellos y para todo el país, parecen existir otras tentaciones…
EN EL OFICIALISMO SUPERCORRUPTOS SE IMPONEN A LOS POLÍTICOS
En efecto, los super-corruptos de las nuevas cúpulas podridas también juegan, y están demostrando que saben hacerlo con fuerza. De hecho, no conocen otra forma. Conscientes de que en cualquier solución política a la crisis (tanto en la perspectiva de una victoria opositora, e incluso como prerrequisito para el logro de una victoria oficialista) su influencia se vería limitada y no pocos de ellos podrían terminar pagando con cárcel sus lujos de hoy, los super-corruptos apuestan sin compasión ni vergüenza a estimular que la crisis tenga no una solución política, sino un desenlace violento. "La violencia", esperan, "todo lo borra, todo lo arrasa" y tras una victoria así obtenida confían en poder seguir reescribiendo la historia a conveniencia: No importará ya que la gente no crea en “guerras económicas” como pretexto para el desastre. Si los acusados están presos o muertos, no habrá quien contradiga la historia oficial...
Esa es parte de la razón del esquizoide desempeño oficialista en la presente crisis. No es por pura torpeza que desbaratan con los pies lo que intentan hacer con las manos. Tampoco es que estén siempre jugando al “policía bueno-policía malo”. Parte importante de la verdad es que dentro de las cúpulas podridas hay unas más podridas que otras, y esas están pujando de manera más activa por la violencia. Hay en el oficialismo, nos consta, gente que piensa en términos políticos, gente que valora el importante capital político, social y afectivo que aún hoy sigue respondiendo a la denominación “chavismo”. Gente que comprende que es una torpeza inmensa arriesgar esa herencia por garantizar la sobrevivencia de esta anécdota nefasta que ha resultado ser el Diosdado-Madurismo. Gente, en fin, que razona como dirigentes políticos. Pero, lamentablemente, no son los que tienen más poder en el actual ecosistema gobiernero.
EL TAMAÑO DEL RETO
En efecto, más poder en el oficialismo tienen (“por ahora”…) los poseedores de lujosas propiedades y abultadas cuentas bancarias en el exterior; los que han aparecido como “presuntos indiciados” en las listas del Departamento del Tesoro gringo y en las de la DEA; los que han sido señalados, dentro y fuera de nuestras fronteras, como violadores contumaces de los derechos humanos; los testaferros, comisionistas y cuanto-hay-pa-eso. Es la parte más podrida de las nuevas cúpulas podridas la que está marcando la pauta de todos los que, desde la acera gobiernera, apuestan, alientan, motorizan la violencia como sustituto de la política. También hay, obviamente, algún trasnochado ideológico, y algún violento hormonal. Igualmente hay los que -creyendo poder surfear esa ola de sangre- imaginan ser competidores cuando en realidad apenas llegan a cómplices. Pero la simbiosis de corrupción galopante y violadores de derechos humanos es la que hoy por hoy promueve “teorías de la conspiración” y lanza asaltos madrugadores sobre pacíficos “campamentos por la libertad” para cambiarlos por tiroteos en las calles.
Ellos son los responsables de este juego macabro que ha cobrado ya 44 muertos. El sueño de esos sujetos (sueño para ellos, pesadilla para la mayoría) es arrastrar a todo el oficialismo a la decisión de hacer a escala nacional lo que ya hicieron en Táchira, hipótesis que equivaldría a un autogolpe; Si no logran arrastran a todo el oficialismo a ese barranco, quizá estarían dispuestos a encabezar ellos mismos ese salto al vacío, con el argumento de que “hay que salvar la Revolución”. En esta hipótesis estaríamos en el escenario del golpe del Estado. Frente a ambas indeseables posibilidades, es urgente que TODA la oposición acuerde una única HOJA DE RUTA DEMOCRÁTICA, que integre “calle” y “política”, protesta y diálogo, fuerza social y habilidad negociadora, para lograr las condiciones que hagan posible imponer la paz a quienes quieren la guerra, construyendo una transición democrática allí donde otros quieren ahogar en violencia la esperanza. Una hoja de ruta clara, transparente, sin agendas escondidas, sin atajos, que sea capaz incluso de incorporar a los sectores del oficialismo que piensan como políticos y no como mafiosos.
Ese es el tamaño del reto.
¡Palante!
