Columna publicada originalmente el domingo 20 de marzo de 2016 en los diarios La Voz y 2001
Una
joven mujer camina tranquilamente por una calle, rumbo a su vehículo.
Repentinamente es asaltada por la espalda por un hombre que portando arma
blanca (¿cuchillo, bisturí?) la inmoviliza y le pasa el objeto cortante por el cuello,
intentando degollarla. El atacante escapa impune, mientras la mujer en shock se
lleva las manos al cuello, quizá sin poder creer lo que le esta pasando.
LA
REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
Lamentablemente,
no es este un relato de ficción violenta. La víctima es una Jueza de la
República, María Faria Morantes, Jueza 5ta de Control del Estado Miranda,
y fue agredida a pocos metros de su Despacho, en las inmediaciones del Palacio
de Justicia de esa entidad. Sin protección, sin vigilancia, los funcionarios
del Poder Judicial se ven expuestos a la ira vengativa de los que han sido
objeto de condenas, o a agresiones "por encargo", muchas veces
ordenadas desde las cárceles. Desde hace seis años el Tribunal Supremo de
Justicia ha ofrecido dotar al Poder Judicial en Miranda de una nueva
sede. La falsedad de esas promesas tiene un precio amargo, un precio
rojo, un precio en sangre.
SI
ESTO LE PASA A UNA JUEZ, ¿QUÉ QUEDA PARA
EL POBRE?
Si
esto le ocurre a una Jueza de la República a plena luz del día en las inmediaciones
del Palacio de Justicia, ¿Puede alguien extrañarse de lo le que ocurrió a los
28 mineros en Tumeremo, a 400 kilómetros de Ciudad Guayana? ¿Puede alguien
realmente extrañarse de lo que le ocurrió a Dariana Franco y Joel Muñoz,
esposos y efectivos de la Policía del Estado Aragua, que fueron asaltados en su
propia casa, secuestrados y asesinados cruelmente? Si a una jueza intentan
degollarla en plena vía pública, ¿Puede alguien sorprenderse por el comunicado
emitido recientemente por Fe y Alegría, denunciando la cantidad de alumnos,
maestros y trabajadores de esa importantísima institución que han caído
asesinados, víctimas de la violencia impune?
UN
TSJ ACTIVO EN POLÍTICA Y NULO EN JUSTICIA…
El
"muy honorable" Tribunal Supremo de Justicia, al no cumplir su
promesa de hace seis años de brindar un entorno de mayor seguridad a los
trabajadores del Poder Judicial en Miranda, puede tener evidentemente una
responsabilidad no menor en la agresión sufrida por la Jueza Faria Morantes.
Igualmente, al concentrarse -con entusiasmo digno de mejor causa- en la
obstrucción del trabajo de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, en vez
de dedicar sus energías a reducir la impunidad, castigar a los criminales y
brindarle a todos los venezolanos acceso real a la justicia, el TSJ tiene una
severa responsabilidad en la situación de vulnerabilidad extrema que hoy tiene
el pueblo venezolano frente al poder de los pranes, de los criminales violentos
que hoy imponen su voluntad ejerciendo control territorial sobre importantes
áreas de la geografía nacional.
27
MIL QUE “NO VOLVERÁN”
La
jueza Faria Morantes sobrevivió al ataque criminal, gracias a Dios. Con
lesiones en el cuello y en el hombro izquierdo, puede hoy sin embargo estar
junto a sus familiares y seres queridos. Nos alegramos por ello.
Pero
los mineros asesinados, esos si que "no volverán" a sus
hogares. Ni los policías asesinados. Ni los maestros de Fe y Alegría
abatidos por el hampa cuando iban a llevar educación y valores a nuestros niños
de los barrios. Ni ninguno de los 27 mil venezolanos que el pasado año
cayeron bajo las balas del crimen impune. Para todos ellos no hay regreso
posible. Y, en muchísimos casos, sus familiares -como en Tumeremo- no
esperan justicia, indemnización ni reivindicación alguna, porque consideran que
de este gobierno, de este estado de cosas, no se puede esperar nada, al menos
nada bueno.
PARA
SACAR A LOS DELINCUENTES DE LAS CALLES PRIMERO HAY QUE SACARLOS DEL PODER…
Para la memoria de las víctimas, para
el dolor de los familiares, para la rabia de los sobrevivientes, lo único que
queda es la decisión de luchar para que Venezuela deje de estar en manos de los
violentos y vuelva a estar en manos de los ciudadanos. Para sacar a los
delincuentes de las calles primero hay que sacarlos del poder. Sólo así
los venezolanos volveremos a saber de hechos como éste únicamente en películas
o programas de ficción en TV. ¡Solo así los hijos de esta Patria
rescataremos el derecho a vivir con esperanza, y sin miedo!
PARA SACAR A LOS DELINCUENTES DEL PODER
LA JUSTICIA DEBE SER IMPARCIAL
Pero para sacar a los delincuentes del
poder es necesario que las instituciones de la democracia funcionen para el
pueblo, y no para las cúpulas corruptas e ineficientes que han saqueado al país
y que le han entregado a los pranes primero el control delas cárceles, y luego
el control de las calles.
Los ciudadanos hemos hecho lo que
tenemos que hacer: Nos organizamos, nos
movilizamos, exigimos que hubiera elecciones y las ganamos. Así pasó en 2015. Más democrático, pacífico y constitucional,
imposible. Ahora en 2016 la Hoja de Ruta
Democrática es similar, pero mas urgente porque la crisis también lo es: La Nueva Mayoría Democrática, ese 85 %de país
que de acuerdo a todas las encuestas exige cambio, se organiza y moviliza para
que haya elecciones (vía enmienda, revocatorio o convocando a una Asamblea
Nacional Constituyente), y nuevamente las ganaremos, esta vez por un margen aun
mayor, y así tener un nuevo gobierno de
Unidad Nacional.
TODOS CONTRA EL MALANDRO
Ojalá que frente a esta Hoja de Ruta
2016, democrática, constitucional, electoral y pacífica, la Justicia venezolana
logre actuar como debe hacerlo (esto es:
respetando el deseo de cambio del pueblo, cumpliendo y haciendo cumplir
la Constitución y la Ley), Ojalá el
sistema judicial venezolano no actúe como una jueza a quien un malandro la
agarró por la espalda y le puso un cuchillo en el cuello para que se jubile
antes de tiempo, o para que dicte sentencia a favor de los caprichos del Poder
Corrupto…
Porque si eso ocurre (mejor dicho: si
eso sigue ocurriendo) el pueblo venezolano sabe exactamente que tiene que
hacer. Y lo hará. ¡Dentro de la
Constitución todo!
¡Palante!
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